Organizaciones de defensa de minorias sexuales en picada contra proyecto de ley homofóbico

En las agrupaciones defensoras de los derechos de los homosexuales afirman que el proyecto, presentado por tres senadores de Renovación Nacional, tiene su origen en acuerdos entre éstos y sectores de la Iglesia Evangélica.

El Movimiento de Integración y Liberación Homosexual (Movilh) calificó como una violación al Estado Laico, el proyecto presentado por los senadores de Renovación Nacional (RN) Francisco Chahuán, Antonio Horvath y Baldo Prokurica, el cual busca modificar el artículo 1 de la Constitución Política, estableciendo que la unión matrimonial es exclusiva entre un hombre y una mujer.

Con este proyecto de ley, el Movilh, según su máximo líder, Rolando Jiménez, considera que se está promoviendo la discriminación contra las minorías sexuales, mediante el uso de la misma legislación.

Ante esta situación, dicha agrupación envió una carta a los parlamentarios que presentaron dicho proyecto de ley, misiva que no ha sido respondida. En ella, la agrupación señala que se busca violar el principio de igualdad legal garantizado en la Constitución, teniendo como objetivo impedir el matrimonio entre personas homosexuales.

Al respecto, Rolando Jiménez, dirigente del MOVILH, señala que ya se había intentado hacer lo mismo el año pasado. “Sectores de las iglesias evangélicas se reunieron con veinte senadores, de los cuales sólo estos tres decidieron finalmente presentar este proyecto” señaló. Según Jiménez, dicho proyecto de ley se presentó como “pro-familia”, ante lo cual, expresa que en realidad, “lo que se busca es consagrar la discriminación contra personas que tenemos una declaración sexual distinta” y así clausurar la posibilidad de que las minorías sexuales puedan hacer uso de la institución del matrimonio.

Proyecto Homofóbico

Para el Movilh, lo que han hecho estos senadores es establecer un antecedente nefasto, porque se está permitiendo la intromisión de las iglesias en la construcción de las leyes. Jiménez señala que “este es un proyecto que tiene su origen en los sectores más homofóbicos de la sociedad chilena”, y afirma que en Chile “el Estado laico es una declaración de buenas intenciones”. Ello, porque es conocida la intromisión de las iglesias –fundamentalmente de las jerarquías- en el debate y elaboración de diversas políticas públicas que se han intentado implantar en el país en lo últimos años, como el aborto terapéutico, la pastilla del día después o el reconocimiento de los pueblos indígenas.

Semejante opinión tiene Fernando Muñoz, coordinador político del Movimiento Unificado de Minorías Sexuales (Mums), quien afirma que este proyecto es “un salto atrás. Nosotros lo entendemos prácticamente como una declaración de guerra”, agregando que ahora los parlamentarios, que se habían mostrado proclives a avanzar en el reconocimiento de derechos de los homosexuales, están mostrando su verdadero rostro ante la ciudadanía. Peor aún, implica crear –en palabras de Muñoz- “un verdadero apartheid sexual”, ya que significa relegar al mundo homosexual a una ciudadanía de segunda categoría.

En referencia al proyecto de ley de los senadores RN, se busca establecer que “las especiales características del vínculo matrimonial están determinadas por su naturaleza antropológica y sagrada, de acuerdo a las creencias religiosas y por la importancia que esta institución tiene en el plano social”. Para los autores, estas características conllevarían por tanto, que el matrimonio deba ser protegido por la ley y el Estado.
Añaden, desde el Mums, que de la mano de la época moderna “ha surgido una suerte de crisis en la vigencia y conceptualización de instituciones tan fundamentales como el de familia y el matrimonio, motivada por factores tan disímiles como la pérdida de valores, el influjo de la sociedad de consumo en la definición de los proyectos personales y de pareja”.
Frente a ello, en la misiva del Movilh se establece que las familias no se definen por sus componentes, sino por la existencia de un sentimiento de amor entre sus integrantes. La visión conservadora sobre la vida y sobre el matrimonio en particular, ha sido la que ha predominado en nuestra sociedad desde siempre, no obstante, según Jiménez, “la sociedad ha ido avanzado, dispuesta a defender los valores, la dignidad y los derechos” de las personas homosexuales. Ante el largo y dificultoso camino que ha significado el reconocimiento de las minorías sexuales por parte de la sociedad, Jiménez afirma que “hay un tema que tiene que ver con la naturaleza cultural y ética de la sociedad y política chilena”. Pese a ello, resulta positiva la cada vez más aceptación y tolerancia de las personas hacia estos grupos, aunque exista un largo camino aún por recorrer.

Al respecto, Jiménez afirma que “tenemos una clase política transversalmente conservadora en aquellos temas que ellos llaman valóricos, pero para nosotros son de justicia social”, asimilando la lucha de los homosexuales para lograr su reconocimiento, con otras luchas reivindicativas como la del pueblo mapuche o la defensa de los derechos de la mujer.

Propuesta de corta vida

Una de las mayores preocupaciones que pueden existir ante proyectos como estos, son las consecuencias que pueden traer a futuro, ya que pueden representar en definitiva, pequeños retrocesos para un recorrido largo y que no ha estado exento de dificultades, como es el reconocimiento definitivo de las minorías sexuales como sujetos ciudadanos.

Al respecto, Fernando Muñoz, del Mums hace patente su molestia ante este hecho, puesto que en noviembre de 2010, ellos habían tenido reuniones, precisamente, con el senador Chahuán y miembros de Renovación Nacional, donde se había acordado nuevas reuniones entre ambas agrupaciones, las cuales finalmente no se produjeron. Más aún cuando este partido, según Muñoz, “se mostró muy dispuesto a conversar y a discutir estos temas”.

Se debe recordar además, que en Chile no se ha logrado aprobar la ley contra la Discriminación, básicamente por las fuertes presiones que estos sectores religiosos involucrados en la generación de este proyecto de ley realizan en el mundo político.

Sin embargo, Jiménez cree que esta propuesta de ley no va a continuar su tramitación, ya que a los sectores de las iglesias evangélicas que intentaron impulsarlo no les fue bien desde un principio, puesto que –salvo los tres senadores RN- no tuvo la acogida que esperaban en el Congreso.

“Es un gesto demagógico de un grupo conservador a las iglesias evangélicas”, afirma, y confía que después de todo, será la ciudadanía la que impida seguir avanzando. Por otro lado, el Movilh se encuentra trabajando de forma transversal, tanto con parlamentarios de la Alianza como de la Concertación, evitando que este proyecto pueda ser aprobado.

En el Congreso no habría votos para aprobar una ley de esta naturaleza, no sólo por incumplir tratados internacionales o por sobrellevar la constitucionalidad vigente. Ni siquiera porque los parlamentarios lo consideren así, más aún cuando, como en este caso, algunos parlamentarios “hablan una cosa en privado, y hacen otra cosa en público”, dice Muñoz.

Christian Armaza

Fuente: El Ciudadano

Aborto en Chile: Cosas de dos no son de Dios

De la unión sexual del hombre y la mujer, que ocurre libremente a propósito del placer, la pasión y/o el amor, y cada vez menos tras convenciones católicas, puede nacer vida humana. Para algunos deseada y esperada, para otros un error o algo que simplemente no querían para su proyecto presente o futuro.

Existen embarazos producto de actos de violencia sexual, otros se producen por falta de una educación sexual clara y oportuna, muchísimas mujeres son abandonadas por los progenitores y terminan con la barriga en creciente, muchas veces abrumadas tras un cobarde “si te he visto no me acuerdo”. Otros embarazos ocurren por un mal uso o falla en métodos anticonceptivos, cualquiera sea el que se escoja, y otros porque simplemente no existió prevención del embarazo alguna. Sea por el motivo que sea, miles de mujeres en Chile llegan a la decisión personal y declaran: Yo decido abortar.

Pero la cacería de brujas no cesa contra ellas, atrapados aún por el fundamentalismo de una religión que parece olvidar que con la Constitución de 1925 se separó al Estado de la Iglesia, y dejó a Chile como un país laico, pero…, la Iglesia sigue inmiscuyéndose en “griales” ajenos.

Hoy, en Chile, según cifras del Instituto Nacional de Estadísticas (INE) se practican cerca de 160 mil abortos al año, muchos de ellos sin las condiciones apropiadas, asistencia médica y con riesgo de vida para la madre e incluso a riesgo de enfrentar penas carcelarias.

Este país no se caracteriza por tener una política de educación clara y directa en materia de educación sexual. Además, suma la carencia de garantías de igualdad de oportunidades brindadas al momento del parto y el desarrollo del infante -situación que sin duda mejoró la doctora Bachelet, aunque no le puso remedio-, y mucho menos ofrece garantías para que las mujeres tengan condiciones laborales que favorezcan los múltiples roles que deben asumir en la vida familiar. Ante ese panorama, los factores que influyen al tomar una decisión de paternidad-maternidad, objetivamente afectan en mayor medida al mundo femenino que al masculino.

Detrás del tema de un aborto y más allá de los primeros responsables, hombre y mujer, se encuentra siempre el Estado y su política pública de salud, la Iglesia, la medicina y últimamente, más presente, la industria farmacológica, cuyos intereses afectan mucho más que la mera salud de la ciudadanía, pero abre las puertas al uso de mecanismos que pueden evitar mayores sufrimientos para la mujer, como puede ser el llegar a un aborto mediante intervención clínica, actuando como inductores abortivos.

Pero el debate moral de la vida, habiendo aún tantas armas asesinas sobre la Tierra y toda una industria que sustenta la muerte, se traslada hipócritamente al nacimiento de un ser que no les incumbe, violándose el derecho al plan de la propia vida de quien decide un aborto.

Sabemos que este es un tema complejo y de posiciones encontradas, desde El Ciudadano simplemente hemos decidido abrir en nuestras páginas el debate en pro de que existan las garantías públicas necesarias para una educación sexual sin tabúes, que permita llegar a un embarazo que sea idealmente planificado; que sea una alegría y no un tormento, y donde la voluntad de los progenitores, si se inclina por la interrupción del nacimiento, pueda ser realizada con la mayor seguridad y el menor dolor para la paciente -tanto físico como emocional-. Y mucho menos con penas de cárcel.

Chile es uno de los cinco países en el Mundo que no han legislado respecto del aborto y, sin embargo, autoriza la “inducción del parto” después de las 24 semanas de gestación, que en un alto porcentaje termina con un bebé que nace muerto o fallece a las pocas horas de agonía. Un recurso que se utiliza para legalizar con otro nombre lo que se elude en normar, dando cuenta de una clase política de doble estándar y que se jacta de ser representante de un Estado moderno y ad portas del desarrollo en lo económico, pero que se queda estancado y es retrógrado en materias como la aludida que claramente afecta la calidad de vida de sus habitantes.

Finalmente, y en ese orden de cosas, instamos a los legisladores nacionales, a los senadores Fulvio Rossi (PS), quien junto a su par de la UDI, Evelyn Matthei, en acto de política transversal presentaron el proyecto de Ley de aborto terapéutico e ir más allá, a seguir adelante y no dejar que los sectores conservadores y criminalizadores de lo absurdo, levanten una cortina de humo para desviar la atención respecto de tan importante debate y trámite legislativo de un proyecto que sólo busca evitar sufrimiento a los reales interesados. Cosas de dos, no son de Dios.

Además lea sobre la masiva movilización ciudadana en Magallanes, que sigue de pie. Los negocios de los bancos tras la intervención a las favelas de Río de Janeiro. La realidad de las televisoras comunitarias frente a la televisión digital y la nula democratización de las comunicaciones que este proceso conlleva. El proyecto de extracción de carbón del grupo Angelini en la Patagonia que amenaza el hábitat de las especies del emblema nacional, cóndores y huemules, entre muchas otras especies. El caso del cierre de La Nación y la precariedad laboral en los medios de comunicación.

Y como siempre Cultivos Chilenos, los espacios de arte de El Ciudadano y los sesudos análisis y comentarios de los columnistas de Polítika.

DECLARACIÓN PÚBLICA: Aborto Terapéutico, una Deuda con los Derechos de las Mujeres...

Abortoterapeuticochile

En Chile se ha instalado con fuerza el debate sobre la reposición del aborto terapéutico, a partir del testimonio de una periodista afectada por un embarazo con feto inviable, quien se vio imposibilitada de abortar. Su franco reclamo, escuchado en la televisión por millones de personas, ha abierto a la discusión pública un tema tradicionalmente silenciado e incluso vetado en los debates nacionales. Otras mujeres en condiciones similares ya han comenzado a dar testimonios conmovedores.

A raíz de ello se han presentado dos proyectos de ley sobre aborto terapéutico que se suman a propuestas anteriores; y que avanzan en el sentido de reponer un derecho que fue cercenado por la dictadura militar. El gobierno de Sebastián Piñera, sin embargo, ya ha anunciado que no respaldará ninguna legislación en este sentido, demostrando con claridad su total irrespeto con la vida, la salud y los derechos de las mujeres.

Efectivamente, el aborto terapéutico estuvo vigente en el país desde el año 1931 hasta 1989, cuando fue derogado por el régimen dictatorial de Pinochet, en directa connivencia con la jerarquía de la iglesia católica. De regreso a la democracia, ningún gobierno se ha comprometido a saldar esta deuda histórica con los derechos humanos de las mujeres.

Por lo tanto, sostenemos que en Chile los derechos humanos de las mujeres en sexualidad y reproducción no son reconocidos, respetados ni protegidos, y que el Estado es responsable directo de esta grave omisión, siendo la penalización absoluta del aborto, incluso del terapéutico, la prueba más palpable de ello. Esto significa que si una mujer corre riesgo de vida y de salud por la gestación, si esta es producto de violación, o si el feto presenta gravísimas malformaciones, se verá impedida de solicitar una interrupción segura y legal del embarazo, y si decide no continuarlo, deberá acudir al mercado ilícito del aborto clandestino. Esta imposición de la institucionalidad del Estado respecto de lo que pueden o no pueden hacer las mujeres con sus vidas y sus cuerpos, es inaceptable y transgrede los principios éticos de autodeterminación y autonomía a los que todo ser humano debe tener derecho.

Anualmente, entre 120.000 y 160.000 mujeres de distintas edades y condición social se realizan abortos clandestinos en el país, la mayoría de ellos insalubres, a manos de personas no capacitadas, corriendo el riesgo de ser denunciadas, encarceladas, maltratadas, e incluso de morir a causa de estos procedimientos riesgosos, o quedar con secuelas irreversibles, como la infertilidad. Por el contrario, las mujeres con recursos suficientes acceden a abortos seguros, aunque clandestinos, en clínicas con buena calidad de atención, y no son condenadas penal ni socialmente por su decisión, lo que hace visible la existencia de un vergonzoso doble estándar social.

Por lo tanto, la penalización total del aborto en Chile constituye un grave problema de salud pública, pero también de derechos humanos y de justicia social, pues son las mujeres pobres quienes se ven gravemente afectadas por esta legislación punitiva, la que constituye una forma explícita de discriminación, inequidad, violencia y tortura que la institucionalidad del Estado impone sobre ellas, con el apoyo activo de entidades como la Iglesia Católica y otras. Esto contraviene el espíritu de diversos tratados de derechos humanos ratificados por Chile, como la Declaración Universal de DDHH, la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, entre otros, que lo obligan a cautelar y proteger una serie de derechos humanos de las mujeres. Ante ello, diversos Comités de la ONU han solicitado reiteradamente al Estado chileno reparar esta situación, sin obtener respuestas satisfactorias.

Una maternidad no debe ser impuesta por mandatos culturales o religiosos ni por leyes castigadoras que, en la práctica, constituyen un gran fracaso legislativo. De hecho Chile es uno de los países con mayores tasas de aborto en nuestra región latinoamericana y caribeña. Frente a ello, llamamos a la sociedad en su conjunto, y a todos los movimientos sociales que defienden los derechos humanos en el país, la región y en el mundo, a unirse solidariamente con una campaña ciudadana para exigir al Estado chileno la inmediata revisión de la legislación punitiva sobre el aborto, así como también para que cesen las persecuciones de las mujeres que abortan, quienes a menudo son delatadas en los mismos servicios de salud, convertidos en agentes de la persecución penal del Estado.

A los pies del Cerro Welen se conmemoraron 3 años del asesinato bajo el gobierno de Michelle Bachelet de Matías Catrileo

Con una masiva convocatoria, que reunió cerca de 200 personas, se recordó en Santiago el cobarde asesinato del estudiante mapuche, Matías Catrileo Quezada, ocurrido la madrugada del 3 de enero de 2008 producto de un disparo por la espalda. Su asesino, el cabo de Fuerzas Especiales de Carabineros, Walter Ramírez.

Cerca de las 20.30 hrs, este lunes 3 de enero, en la Plaza Miraflores situada al costado del Cerro Welen, se dio inicio a un yeyipun (rogativa mapuche) dirigida a la meli wixan mapu, (cuatro puntos de la tierra). Posteriormente, se realizó un breve pero emotivo recorrido a los pies del cerro en dirección a la Alameda, para concluir con la velatón programada para la actividad conmemorativa. Este trayecto estuvo acompañado de ulkantun, purrun y consignas alusivas a la memoria del estudiante mapuche. La velada convocada por la familia Catrileo Quezada y el colectivo Pu Weichafe 3 de enero, concluyó pasadas las 23 hrs.

Estos días se recuerda el trágico episodio que enlutó al movimiento mapuche, el jueves 3 de enero de 2008, tras conocerse la noticia sobre la muerte del universitario mapuche, Matías Catrileo, en circunstancias en que un grupo de comuneros se disponía a realizar una recuperación territorial en el ex Fundo Santa Margarita, de propiedad, en aquel entonces, de Jorge Luchsinger, terrenos que fueron devueltos a la comunidad de Yeupeco tras lo sucedido.

A tres años de los hechos y aunque el uniformado fue identificado, encontrado culpable por su desmedido actuar y condenado a tres años y un día de pena remitida, aún permanece en servicio activo al interior de la institución estatal en la zona de Coyhaique, donde se desempeña en la central de comunicaciones. La familia Catrileo Quezada señala no estar dispuesta a aceptar esta sentencia por lo que ya presentó un recurso de casación objetándola, cuestión que debe ser resuelta por la Corte Suprema, y donde esperan obtener una sentencia acorde al delito cometido.

El llamado de la familia a recordar y manifestarse este 3 de enero por el asesinato de Matías, fue replicado simultáneamente en territorios como: Valparaíso, Temuco y Puerto Montt. La idea no sólo era conmemorar el tercer aniversario de su muerte, sino repudiar todas las formar de represión que ejerce el Estado chileno coludido con los empresarios de este país en contra de las comunidades y el pueblo mapuche en su conjunto.

La “mano dura” de Michelle Bachelet

A menos de 72 horas de iniciado el 2008 y a tan sólo días de finalizar la primera etapa del mandato de Michelle Bachelet, los medios de comunicación iniciaron sus informativos anunciando el “enfrentamiento entre mapuche y Carabineros en la zona de la Araucanía.” Situación que tuvo como consecuencia la muerte del estudiante mapuche Matías Catrileo Quezada de 22 años.

Según los primeros informes proporcionados por los reporteros de la zona, se hablaba de la “supuesta muerte del comunero”. Sin tener certeza de lo sucedido, los periodistas avalaban la tesis de un nuevo atentado incendiario en contra del predio de Jorge Luchsinger. Prestando nula importancia a la violencia con la que actúo la fuerza policial, en el caso que se comprobará el deceso del universitario. Hasta el último momento presentaron la acción a la opinión pública como un “enfrentamiento” protagonizado por comuneros mapuche que ingresaron sin autorización al fundo Santa Margarita de propiedad del latifundista.

Era pasado el medio día del 3 de enero y el gobierno, de ese entonces, no se atrevía a dar una declaración oficial sobre lo ocurrido en la Novena Región. No obstante, el Ministro del Interior (s) Felipe Harboe no escatimaba en señalar a la prensa su repudio a los hechos de violencia protagonizados por mapuche, además de exigir la entrega del cuerpo del joven abatido y no haciendo alusión alguna respecto al excesivo actuar por parte del personal policial que custodiada el predio esa madrugada.

La muerte del joven comunero reactivó inmediatamente el clima de tensión en la zona de la Araucanía, llegando a tal punto que el Gobierno anunció, en menos de una semana de ocurrido la muerte del estudiante mapuche, la creación del “comité de crisis”, encabezado por el Ministro del Interior Edmundo Perez Yoma, el Ministro de la Secretaría General de la Presidencia Jose Antonio Viera Gallo y la Ministra de MIDEPLAN, Paula Quintana. A este trío de ministros se incorporó Rodrigo Egaña, como “Coordinador de Políticas Indígenas”, aplicando una vez más la misma fórmula del año 2002 cuando el Gobierno de Lagos comenzó la irrupción contra el movimiento mapuche, y puso en marcha el plan denominado “Operación Paciencia”, encabezado por el entonces Mayor de Carabineros Hernando Hevia Hinojosa, maniobra que estuvo dirigida en contra de la organización mapuche Coordinadora Arauco-Malleco (CAM).

La herencia de Lagos en el mal denominado “conflicto mapuche” estuvo y está lejos de ser un simple escollo en la administración Bachelet y actual gobierno de Sebastián Piñera. El encarcelamiento como método de mesura, sigue siendo hasta el día de hoy una fallida táctica utilizada por el Estado que tiene como único fin la misma lógica de hostigamiento, opresión y genocidio en contra de un pueblo y sus derechos fundamentales. Pensar que aplicando medidas de criminalización, era una buena técnica de amedrentamiento para poner fin a las demandas históricas del pueblo mapuche, fue desconocer una lucha de antaño. Por el contrario, estas leyes represivas sólo han ayudado a aumentar el clima de tensión en la zona y de ningún modo ha logrado propagar la sensación de temor en el pueblo mapuche.-

POR CAROLA PINCHULEF / MAPUEXPRESS Informativo Mapuche – miércoles 5 de enero de 2011

Información útil pal verano...

CABRXS, VOLVEMOS A PUBLICAR ESTE VIDEITO AHORA KE SE VIENE EL VERANO, CON EL LAS VACACIONES Y PLACERES LOCOS... PA KE NO LES PASEN GATO POR LIEBRE Y DISFRUTEN PULENTITO Y TRANKILITXS!!

¡¡¡ATENTXS!!!

P.D: DEJAMOS EN CLARO KE SABEMOS KE NO SOLO CON RELACIONES HETEROSEXUALES SE DISFRUTA, ESTO SOLO ES UN APORTE...=)